Economía

LA REFORMA DE GANANCIAS COSTARÁ MÁS DE $45.000

El proyecto oficialista que sube el piso del impuesto a $150.000 brutos mensuales tendrá un efecto negativo sobre la recaudación pública.

Hoy quedará terminado el proyecto que busca elevar el piso del impuesto a las Ganancias luego de que un plenario de comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo, de la Cámara de Diputados den dictamen. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) el costo fiscal que tendrán los cambios que impulsa el oficialismo será de 47.569 millones de pesos.

El número surge de que el alivio en el pago del impuesto beneficiará a unas 1.207.760 personas activas en relación laboral de dependencia y a 99.062 personas del sector pasivo o jubilados, alcanzando así a un universo total de 1.306.822 contribuyentes.

La iniciativa que se debate en el parlamento, impulsada por Sergio Massa, propone que todas aquellas personas que tengan un sueldo bruto mensual de $150.000 (o $1240.000 netos) no paguen impuesto a las Ganancias.

Por cada 10.000 millones que se reduzcan los pagos de asalariados por la suba del piso de Ganancias, «si se hace el supuesto de que ese dinero va a consumo nosotros calculamos que el país va a tener un aumento de los Ingresos Brutos de todas las provincias en unos $650 millones y la de las Tasas municipales en $210 millones», explicó Nadín Argañaraz, director y fundador del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Desde el punto de vista agregado, de la economía nacional, por cada $10.000 millones de reducción del impuesto a las ganancias, su destino a consumo generaría, de acuerdo al informe, ingresos por el orden de $2.185 millones. Esto implica que el costo neto es de $7.815 millones. Es decir que, según Iaraf al menos un 22% del costo fiscal directo será contrarrestado por el aumento de la recaudación vía consumo, suponiendo que se desarrollará en canales formales.

Si se analiza la distribución del costo fiscal entre los niveles de Gobierno:  «el Sector Público Nacional financiará el 40% de la modificación, mientras que las provincias contribuirían con el 60% a través de los recursos netos resignados a través de la co participación, fruto de la reforma», aclaró Argañaraz.

El informe de la OPC apunta sobre  la distribución del impacto fiscal que en caso de implementación del mecanismo de atenuación presentado por el Poder Ejecutivo, las provincias y Ciudad de Buenos Aires verían afectados sus ingresos en $27.850 millones y la Administración Nacional reduciría sus ingresos en $18.816 millones, siendo los restantes $904 millones correspondiente a «Otros Entes del Sector Públicos».

Fuente: Diario Huarpe.

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